La diputada Angélica Espinoza García presentó una iniciativa de
adición a la Ley de Transporte y Vialidad para llevar a cabo un procedimiento
adecuado en casos de revocación de concesiones, que no deje al concesionario en
estado de indefensión y garantizando el derecho de audiencia a las partes.
En su exposición de motivos, la legisladora de Morena planteó que
es necesario resolver dos asuntos prioritarios en la prestación del servicio
público de transporte: precisar causas y formas de cancelación y llevar a cabo
un procedimiento adecuado que no deje al concesionario en estado vulnerable.
Abundó que es necesario cumplir a cabalidad el derecho de
audiencia para que las partes sean oídas y vencidas dentro del procedimiento
administrativo correspondiente, de acuerdo a la Ley y su Reglamento.
Señaló que los temas referentes al transporte público son asuntos
prioritarios y de difícil regulación por los intereses que esa actividad
representa; sin embargo, es de suma importancia realizar las reformas
necesarias para regular y mejorar este servicio público que, de inicio, compete
al Estado y se delega a particulares a través del otorgamiento de concesiones.
Lo que se busca, refirió, es establecer una causal de revocación
de la concesión cuando la unidad que ampare a la misma se vea involucrada en el
delito de homicidio debido a que el conductor se encontraba en estado de
ebriedad o bajo los efectos de alguna droga o sustancia psicotrópica, o bien
por las malas condiciones mecánicas de la unidad automotriz se produzca el
mismo resultado.
“Es importante no seguir permitiendo la pérdida de vidas humanas
por causa de accidentes provocados por unidades del transporte público que bien
pueden ser prevenidas a través de conductores debidamente capacitados y
certificados; por ello, es importante poder incluir a la presente reforma una
causal de revocación de concesión, que obligue a la prestación de un servicio
con responsabilidad”, abundó.
Otro tema que es necesario resolver, añadió la legisladora, es lo
relacionado a los procedimientos administrativos que se siguen ante la
Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en donde se
observan diversas irregularidades en torno a los emplazamientos que se realizan
a los interesados (concesionarios) en las delegaciones regionales, con lo cual
se violan sus garantías de legalidad y seguridad jurídica.
La presente propuesta adiciona la fracción VII del artículo 112 y reforma
el artículo 114 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, misma
que fue turnada a la Comisión de Transportes para su análisis y dictaminación.
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