El diputado Manuel Quiñónez
Cortés presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatuto de los Trabajadores
al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos
Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para que, en casos de
juicio laboral, no se pueda emplazar a los ayuntamientos quince días hábiles antes
del cambio de administración ni quince días después del mismo.
La propuesta señala que en
todo cambio de administración municipal surgen demandas de ciudadanos que
sienten o ven afectados sus derechos laborales, razón por la cual promueven
juicios laborales. En ese sentido, dijo que esta reforma vendría a establecer
tiempos en los cambios de administración para poder emplazar a juicio a los
ayuntamientos y que las autoridades entrantes se encuentren en condiciones de
defenderse legalmente, sin que sean sorprendida por malas prácticas ni estar en
desventaja.
El legislador Indicó que en
razón de la fatalidad de los términos legales a que las administraciones
entrantes se enfrentan con las demandas laborales, han contratado los servicios
de abogados sin la debida experiencia, capacidad, o que simplemente no cuentan
con título universitario ni cédula profesional para el ejercicio de su
actividad, lo que los lleva a perder sus asuntos, siendo condenados al pago
laudos por cantidades millonarias,
Por lo anterior, propone,
además, que sea un requisito que los abogados o abogadas representantes de
cualquiera de las partes en casos de juicio laboral, cuenten con título y
cédula profesional acreditada en el Libro de Gobierno, que llevará para tales
efectos el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Establece que todo
emplazamiento o notificación de cualquier índole que violente esa disposición
será declarada nula por el propio Tribunal, quien sancionará al actuario o
funcionario que la realice con la aplicación de multa, que podrá ser de 200 a
500 UMAS, y será apercibido de que, en caso de reincidencia, se le aplicará el
doble de esta sanción pecuniaria, además de ser puesto a disposición del
superior jerárquico.
La iniciativa que analiza la
Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo propone que los trabajadores podrán
comparecer por sí o por representantes acreditados mediante simple Carta Poder,
la cual deberá ser ratificada por el o los trabajadores en la primera audiencia
que fije el Tribunal, y en caso contrario, no se le dará la debida
representación al abogado, hasta en tanto no se ratifique dicho poder.
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