El diputado Bernardo Ortega Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado para crear una Agencia del Ministerio Público
adscrita a la Comisión de los Derechos Humanos de la entidad, que conozca e
investigue delitos relacionados con la violación a las garantías individuales por
parte de servidores públicos.
En la iniciativa que fue
turnada a la Comisión de Justicia, el legislador promovente externó que en
Guerrero, antes de la reforma integral al marco constitucional de 2014, se señalaba
en el artículo 76 bis la existencia de la comisión en mención, figura que ha
desaparecido.
Indicó que tal situación
debe generar preocupación, ya que al no existir esta figura ocasiona falta de
atención específica en materia de derechos humanos por parte de las autoridades
estatal y municipales, e impide la consolidación de un país y un estado que
garanticen uno de los componentes fundamentales, que es el pleno respeto y
garantía de los derechos humanos.
Agregó que para lograr este
anhelo se debe trabajar en la legislación local e impulsar esfuerzos
encaminados a establecer un sistema de procuración de justicia que proteja,
respete, promueva y garantice los derechos humanos, dando cumplimiento a los
estándares de los tratados internacionales que México ha ratificado, y que obligan
a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a incorporar la perspectiva
de la protección más amplia de los derechos humanos en el desempeño de sus
funciones.
Asimismo, refirió que con
la incorporación al texto constitucional de los nuevos preceptos del
"debido proceso" y la presunción de inocencia, México garantiza el
respeto de los derechos humanos a las víctimas y al inculpado, como herramienta
fundamental del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Expuso, además, que los derechos
quedan garantizados mediante la aplicación de la nueva Ley de Amparo y la Ley
General de Víctimas, que proveen un sistema integral y transversal de garantías
a los ciudadanos y a las víctimas, acción que se debe reforzar con la creación de
una Agencia del Ministerio Público adscrita a la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado.
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