Diputadas
y diputados de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado condenaron los
hechos ocurridos en la comunidad de Dos Ríos, del municipio de Cochoapa El
Grande, y exhortaron a las secretarías de Gobernación y General del Estado, a
la Fiscalía General del Estado y a los ayuntamientos para que implementen
acciones de prevención, erradicación y sanción de la práctica ilegal de trata
de niñas y adolescentes con fines de matrimonio forzado o usos domésticos.
Lo anterior en un acuerdo
parlamentario suscrito por las y los integrantes de la Conferencia Para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, al cual dio lectura la
diputada Leticia Mosso Hernández y que se aprobó por unanimidad.
En el documento se expone que el
matrimonio forzado con niñas y adolescentes es una violación a los derechos
humanos, mientras que la venta de mujeres y niñas configura el delito de trata
de personas.
Al respecto, la legisladora señaló
que en días pasados fue de todos conocido el hecho registrado en una comunidad
de Cochoapa, donde se encarceló de manera ilegal a la señora Concepción y sus
cuatro hijas menores de edad por tratar de darle de comer a su hija Angélica
Martínez Ventura, encarcelada por la policía comunitaria por resistirse en
cuatro ocasiones a ser violada por su suegro, quien argumentaba que había
pagado por ella para su hijo, y que para recuperar su libertad tendría que
pagar 210 mil pesos.
Agregó que este hecho fue motivo
para que organizaciones
de la sociedad civil y redes de defensoras de derechos humanos de las mujeres
emitieran un pronunciamiento y señalaran que estos hechos devienen de un
conflicto relacionado con la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes
en la región de la Montaña con fines de matrimonio con hombres adultos,
práctica que data de muchos años y que ha sido tolerada por el Estado y sus
agentes.
Abundó que con el
pretexto de que se respetan los usos y costumbres de los pueblos y comunidades
indígenas, se hace caso omiso del mandato constitucional que obliga a las
autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
En ese sentido,
puntualiza que el Poder Legislativo no puede verse ajeno a los hechos que
ocurren y han ocurrido en diversos municipios, basándose en prácticas de usos y
costumbres que dañan y atentan contra la dignidad humana de las personas,
principalmente de las niñas y niños indígenas.
“Prevenir,
erradicar y sancionar la trata de personas es una facultad exclusiva del
Congreso de la Unión, pero el estado y sus autoridades no podemos ni debemos
permitir que se continúe con este tipo de violencia en contra de niñas, niños y
mujeres indígenas”, apuntó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario