La
LXII Legislatura al Congreso del Estado aprobó la Ley de Atención a los Migrantes
del Estado de Guerrero, cuyo objeto es establecer
políticas públicas de protección para las personas que por
razones de carácter económico, educativo y social se ven en la necesidad de
abandonar sus localidades de origen.
Al fundamentar el dictamen en su
calidad de presidente de la Comisión de Atención a Migrantes del Congreso, el
diputado Moisés Reyes Sandoval expuso que con esta Ley se dota de un
instrumento legal a todas las personas que se encuentren en calidad de
migrantes en otros estados y/o países, y se garantiza el apoyo a sus familias, con
la finalidad de salvaguardar sus derechos humanos.
El legislador resaltó la importancia
de contar con un ordenamiento jurídico que también atienda la problemática de las
y los trabajadores agrícolas migrantes guerrerenses en sus lugares de origen y en
los estados de destino, procurando el ejercicio y defensa de sus derechos
laborales y sociales, y pugnando por la protección de los derechos humanos de
las y los niños migrantes.
Abundó que dicha Ley delimita
la competencia de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internaciones para
garantizar el ejercicio de los derechos de los migrantes, y establece
claramente el capítulo de Derechos y Obligaciones de los migrantes para que no
exista confusión al momento de ejercerlos y darle cumplimiento a las
obligaciones.
Además, para garantizar el interés
superior del menor se incorpora la obligación a la Secretaría estatal para que
en coordinación con los municipios y autoridades competentes proporcionen los
servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración,
independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria, y se sustituye
el Registro Estatal de Migrantes por la Información Estadística, para que estos
datos sean utilizados en la toma de decisiones y para definir programas y
acciones en favor del sector.
También dispone que dicha Secretaría
establecerá los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios con las instancias
competentes para verificar la autenticidad, capacidad económica y legal de las
empresas o patrones que pretendan contratarlos, a fin de evitar que sean
violentados en sus derechos.
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