Con el propósito de que las niñas, niños y adolescentes cuenten
con la necesario para su pleno desarrollo, en el Congreso del Estado se
analizan reformas al Código Penal local para crear un registro o padrón estatal
de deudores alimentarios.
Y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión
alimenticia, aun cuando las resoluciones judiciales se determinan a favor de
las y los niños, convirtiéndose en un problema por el que atraviesan muchas
familias.
Se menciona que en el país las medidas de protección y
regulación del derecho de los alimentos no han sido suficientes para garantizar
su pago efectivo, lo que hace necesario que en el estado se implementen mecanismos
innovadores como los que se aplican en otros países, para reducir
sustancialmente la revictimización de las y los niños que sufren el abandono
económico de sus progenitores.
De
esta manera, se analiza que, previo procedimiento judicial, se inscriba en el
padrón de deudores morosos alimentarios a las personas que hayan dejado de
cumplir sus obligaciones alimentarias decretadas por sentencia o convenio en un
periodo de tres meses.
Asimismo,
que el padrón o registro de deudores alimentarios esté bajo el encargo y
operación de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del
Estado, mismo que será publicado en el estrado de las oficialías del Registro
Civil de cada municipio, además de una base electrónica que será compartida
entre estas instancias.
Además,
entre las restricciones a los morosos se propone que no podrán ser candidatos a
cargos de elección popular; la prohibición de presentar propuestas, celebrar
contratos para la adquisición, arrendamientos o prestación de servicios con los
gobiernos estatal y municipal; participar en licitaciones con el gobierno;
ingresar al servicio público estatal o municipal; contraer matrimonio, ni
realizar trámites de adopción y contratos que por su naturaleza deban
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.
Estas propuestas fueron presentadas por las
diputadas Fabiola Rafael Dircio y Celeste Mora Eguiluz, y se analizan en la Comisión de Justicia.
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