Que ciudadanos identifiquen obras públicas con mayor necesidad y así se les de prioridad, propone diputado

El diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) presentó una iniciativa de Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Guerrero, con el objeto de promover la participación ciudadana en la identificación y priorización de obras, servicios, proyectos de interés público, producción, infraestructura, deporte, cultura, materia ambiental, y todas aquellas acciones con incidencia social directa en los índices de bienestar de la población.

Además, con esta ley se pretende que la ciudadanía colabore en la elaboración, elección, seguimiento, control, evaluación y, en su caso, aplicación y ejecución del presupuesto público en las colonias, pueblos y/o localidades de alta y muy alta marginación, mediante la figura de “presupuesto participativo”, como un mecanismo de participación de la ciudadanía a través de asambleas y consejos.

En la propuesta de ley, el legislador refiere establecer un porcentaje del 2 por ciento del presupuesto anual del municipio o ayuntamiento a la modalidad de “presupuesto participativo”, el cual podrá aumentar hasta un 4 por ciento, siempre y cuando se hayan alcanzado los objetivos fijados del ejercicio anterior e impactado en el desarrollo y la calidad de vida de las personas.

De aprobarse dicha ley, se establecerá que la vía de aplicación para la figura de “presupuesto participativo” sea la consulta ciudadana, por ser una herramienta con procedimientos claros, incluyentes, democráticos y transparentes, y deberá seguirse conforme a lo establecido en la Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

También se plantea que esta ley se convierta en una herramienta especial de la democracia ciudadana y de la relación entre gobierno y gobernados, y la autoridad superior de este instrumento será tripartita: el Congreso del Estado con su función de aprobación del Presupuesto de Egresos, el poder Ejecutivo y los ayuntamientos como ejecutores del gasto y programadores del mismo.  

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictaminación correspondientes.